No separéis a los niños por cuestión de lengua". A la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, le gusta recordar esta frase del pedagogo e historiador Alexandre Galí cuando habla del uso del catalán y del castellano en las aulas. La última vez que la pronunció fue el viernes. Ese día el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hacía público el auto en el que insta al Govern a introducir el castellano como lengua vehicular en la escuela, junto al catalán, en un plazo de dos meses.
No separar a los alumnos en función de la lengua y evitar una doble red de escolarización es uno de los puntos básicos del programa de inmersión lingüística, que arrancó en Catalunya en 1983. Los otros objetivos fundamentales son el impulso del conocimiento y uso del catalán entre la población, la construcción de una identidad social propia de Catalunya y garantizar el dominio adecuado tanto del catalán como del castellano entre todos los ciudadanos. Bajo estos principios el primer gobierno de Jordi Pujol lanzó el programa, que ponía en práctica la ley de Normalització Lingüística –también de 1983–.
Tras la recuperación de la democracia, la escuela se convirtió en el elemento neurálgico para la recuperación del catalán. En esa época, la mayoría de centros educaban en castellano, aunque cada vez surgían más escuelas, principalmente de iniciativa privada, que enseñaban en catalán. Eran fruto de los movimientos de renovación pedagógica surgidos en la década de 1960, cuando la Escola de Mestres Rosa Sensat y la Delegació d'Ensenyament en Català (DEC) de Òmnium Cultural intentaban recuperar el catalán en la escuela. Aunque con objetivos compartidos, el método planteado por ambas entidades divergía. Rosa Sensat apostaba por el bilingüismo escolar: materias en castellano y catalán y atención individual al alumno en su lengua materna. El planteamiento del DEC, más minoritario entonces, se decantaba por el uso del catalán como lengua base del aprendizaje, como lengua vehicular, para todos los alumnos independientemente de su lengua materna.
Al final se acabó imponiendo esta última línea. El entonces director del DEC e introductor de la inmersión de las escuelas de Catalunya, Joaquim Arenas, explica los motivos: "Con el método de Rosa Sensat el castellano, un idioma fuerte y de prestigio, se acababa imponiendo entre los alumnos y el catalán retrocedía, no existía una jerarquía ni una lengua de base para el aprendizaje". En la Generalitat consideraron entonces que hacía falta dar un trato de favor al catalán, como lengua minoritaria respecto al castellano. El caso de las escuelas de Quebec en que se escolarizaba en francés a los alumnos ingleses sirvió de ejemplo sobre el que construir la inmersión en Catalunya. Arenas remarca que el programa de inmersión lingüística "estaba estudiado y avalado científicamente para garantizar el conocimiento de catalán y del castellano y, a su vez, para fomentar el uso del catalán". Así, antes de ponerlo en marcha se realizó un estudio de varios años con alumnos principalmente castellanohablantes de Badia del Vallès (Vallès Occidental), entonces una ciudad dormitorio entre Sabadell y Barberà del Vallès con un alto porcentaje de población procedente de Andalucía y Extremadura.
El ensayo fue un éxito, así que, con las competencias en educación transferidas dos años antes, el Govern comenzó a implantar la inmersión lingüística en el curso 1983-1984. El periodista Josep Playà Maset explicó en una crónica publicada en noviembre de 1995 que en un primer momento se eligieron 19 escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, donde entre el 70% y el 100% de los alumnos era castellanohablante. Los padres dieron su consentimiento.
Trimestre a trimestre, los encargados del programa de inmersión evaluaban sus resultados, "que fueron muy satisfactorios", señala Arenas. En paralelo, la Generalitat ya había aprobado un decreto en 1982 que obligaba a todas las escuelas a impartir en catalán un mínimo de dos materias. En el momento en el que se aprobó la ley de normalización lingüística el 40% de alumnos no hablaba el catalán y sólo 217 centros de EGB (un 9% del total) habían adoptado el catalán como lengua vehicular en toda la enseñanza, recoge el libro Immersió lingüística, una acció de Govern, un projecte compartit, escrito por Joaquim Arenas y Margarida Muset.
Pero diez años después de esta primera experiencia de Santa Coloma de Gramenet ya sólo quedaban un 4% de centros donde se enseñaba exclusivamente en castellano y otro 20% en el que tanto castellano como catalán eran vehiculares. La implantación de la Logse a mediados de los noventa –EGB y BUP desaparecían y la escolarización obligatoria llegaba a los 16 años– se aprovechó para acabar de extender la inmersión lingüística a todo el territorio.
La presencia del catalán en la escuela y su culminación como lengua vehicular se ha enfrentado a toda una ristra de recursos y denuncias. En los primeros años del programa de inmersión, cada curso, entre 70 y 100 familias pedían para sus hijos educación sólo en castellano y se oponían a que el catalán fuera la única lengua vehicular, según recogen las crónicas de la época.
Tal y como ocurre ahora, en 1994 una sentencia del Tribunal Supremo instaba a dar más presencia al castellano en el aula, a que también se enseñara en castellano –lengua vehicular– y además ponía en cuestión la propia ley de Normalització Lingüística de 1983. Fue entonces cuando el Tribunal Constitucional falló en favor de la inmersión.
La ley de Política Lingüística (1998), el nuevo Estatut de Catalunya (2006) y la ley de Educación de Catalunya (2009) han ido ampliando la protección del catalán y fomentando su uso en todos los espacios de la sociedad, lo que ha vuelto a levantar a sectores sociales y políticos en contra que dudan de su constitucionalidad. El último caso (¿será de verdad el último?), el que ahora ocupa al TSJC.
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